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El fiscal Stornelli reivindicó el derecho constitucional de proteger las fuentes periodísticas

Resumen

El fiscal federal Carlos Stornelli abrió la causa por espionaje ilegal presentada por el Gobierno nacional con el fin de tapar el escándalo por coimas que tiene a la secretaria de Presidencia Karina Milei como principal implicada. Sin embargo, Stornelli […]

El fiscal Stornelli reivindicó el derecho constitucional de proteger las fuentes periodísticas


El fiscal federal Carlos Stornelli abrió la causa por espionaje ilegal presentada por el Gobierno nacional con el fin de tapar el escándalo por coimas que tiene a la secretaria de Presidencia Karina Milei como principal implicada.

Sin embargo, Stornelli fue tajante a la hora de reivindicar el derecho constitucional de proteger las fuentes periodísticas. De esta forma, negó el requerimiento del Gobierno de perseguir periodistas por la vía de los allanamientos.

El fiscal afirmó que la investigación a su cargo «no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista. Merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, ello por mandato constitucional y sin perjuicio de que alguno quiera voluntariamente, en ese sentido, aportar datos que considere puedan servir al descubrimiento de la verdad»

«Esto incluye la inviolabilidad del domicilio, salvo orden fundada de juez competente, no obstante lo cual no empecé al análisis de las conductas ya efectuadas«, concluyó Stornelli.

La posición de Stornelli

El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 4 sostuvo que «si bien en la denuncia se mencionan algunas personas, el devenir de la investigación determinará la existencia de un hecho delictivo así como la identidad de los presuntos autores, cómplices, encubridores y/o instigadores».

Stornelli señaló que «la maniobra delictiva a investigar encontrará su espacio temporal al menos, desde que puedan datarse las primeras grabaciones publicadas y, yendo un poco más allá, sus actos preparatorios».

«No puede descartarse si no mas bien presumirse la ilegitimidad legal de los audios quizás ardidosamente y de manera equivoca puestos por algunos actores dolosamente a consideración de la opinión pública”, dijo y añadió: “De ello se colige fundadamente que estamos frente a una operación de inteligencia ilegal, de factura indudablemente clandestina, elaborada en consabidos y oscuros sótanos, lo que debe ser materia incansable de investigación, lo que así postulo».

Por eso estableció que «se dispongan las medidas de prueba requerida y se proceda» con la investigación.



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