Comunidades rurales reclaman el derecho a decidir sobre su tierra y su futuro

El campesinado, las comunidades indígenas, los pequeños productores y la agricultura familiar alimentan a millones de personas cada día, pero las decisiones que afectan sus territorios y sus formas de producción muchas veces se toman sin tenerlos en cuenta. A pesar de que estos sectores son clave para la economía y la soberanía alimentaria, sus voces siguen siendo invisibilizadas o consultadas solo de manera formal, sin impacto real en las políticas públicas que suelen estar diseñadas desde y para las grandes ciudades.

Según el informe realizado por el Grupo de Trabajo de las los campesinos y de otras personas que trabajan en zonas rurales (UNDROP) de la Naciones Unidas (ONU) en el mundo rural las comunidades reclaman cada vez con más fuerza el derecho a participar en las decisiones que afectan sus territorios, modos de vida y producción. Se trata de un derecho político que trasciende el voto: exige mecanismos reales y diferenciados de consulta de sus problemáticas.

El informe destaca que “este derecho de participación es una herramienta fundamental para garantizar no solo la soberanía alimentaria sino también la pervivencia cultural y comunitaria de quienes habitan y trabajan la tierra”. En la declaración aprobada en 2018 por la Asamblea General de la ONU, se establece que los Estados deben “garantizar mecanismos específicos para que el campesinado sea escuchado de manera efectiva en políticas agrarias, ambientales, de salud y económicas”.

Aunque en muchos países latinoamericanos estos derechos aún no están plenamente reconocidos en la legislación nacional, existen avances impulsados por los propios movimientos rurales. En Argentina organizaciones nucleadas en la Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA) y sectores universitarios de las carreras de Ciencias Agrarias y Forestales, vienen exigiendo hace años instancias reales de consulta ante decisiones que afectan la tenencia de la tierra, el uso de semillas, el acceso al agua o la implementación de agroquímicos.

“Las organizaciones campesinas tenemos un acumulado de experiencias que pueden ser una herramienta potente a la hora de pensar políticas públicas” comenta Carolina Llorens, referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra (MNCI-ST). En ese sentido, el informe destaca que el campesinado debe ser reconocido como sujeto político colectivo y no como destinatario pasivo de programas estatales. Esto implica “romper con una tradición verticalista en la formulación de políticas públicas y avanzar hacia esquemas de co-diseño y cogestión que incluyan las voces campesinas desde el inicio”.

Esta situación no solo afecta a los derechos políticos, sino también a la economía del país. Según datos oficiales, la agricultura familiar produce alrededor del 60% de los alimentos frescos que se consumen en el mercado interno. Sin embargo, este sector ocupa menos del 20% de las tierras agrícolas y enfrenta enormes dificultades: falta de acceso a la tierra, presión del agronegocio, financiamiento escaso y poca participación en las cadenas de comercialización.

La concentración de tierras y el modelo de monocultivo impactan directamente sobre estas familias productoras. Mientras el negocio agroexportador crece, los pequeños y medianos productores pierden terreno. Esta desigualdad no solo afecta a las economías regionales, sino que también pone en riesgo la soberanía alimentaria, es decir, la posibilidad de que el país produzca sus propios alimentos de manera sostenible y accesible para la población.

El informe del Observatorio de Tierras resalta que para cambiar esta situación no alcanza con abrir espacios de diálogo. Es necesario “crear mecanismos concretos de participación reforzada, que reconozcan que no todos los sectores acceden en igualdad de condiciones a los espacios institucionales”. Las comunidades rurales enfrentan barreras geográficas, económicas y de información que deben ser tenidas en cuenta. Además, los tiempos de la vida comunitaria y los procesos de decisión colectiva son muy distintos a los de las grandes ciudades o las oficinas gubernamentales.

A nivel latinoamericano, esta demanda se repite en distintos territorios. En México, Ecuador, Colombia, Paraguay y Brasil, comunidades rurales denuncian que la expansión del agronegocio avanza sin consulta ni consentimiento, en abierta contradicción con el derecho internacional. En muchos casos, las decisiones que definen el destino de los territorios se toman en escritorios lejanos, sin contemplar las consecuencias sobre las economías regionales ni la vida de las comunidades.

El reconocimiento del derecho a una participación reforzada implica también repensar el rol del Estado. “No se trata solo de escuchar, sino de garantizar condiciones materiales y jurídicas para esa participación”, señala el informe. Es decir, crear marcos legales específicos, asegurar el acceso a la información, respetar los tiempos comunitarios y, sobre todo, considerar que no todas las personas acceden de igual manera a los espacios institucionales.

En medio de una crisis climática y alimentaria global, el informe destaca que fortalecer la voz de las comunidades que trabajan la tierra y producen alimentos “no es solo un acto de justicia sino que es una apuesta estratégica” ya que quienes viven y producen en los territorios rurales no solo alimentan a las ciudades, sino que también “cuidan la biodiversidad, defienden el agua y sostienen prácticas agrícolas que pueden ser clave para enfrentar el colapso ecológico”.