Continúan los reclamos por la industria medicinal del cannabis
Resumen
Eduardo Musacchio es ingeniero agrónomo, docente de la Cátedra de Genética, miembro del Grupo de Estudio en Trabajo en Cannabis de FAUBA, asesor y responsable técnico de criaderos de semillas: “Desde comienzos de 2024, la cadena formal del cannabis medicinal […]
Eduardo Musacchio es ingeniero agrónomo, docente de la Cátedra de Genética, miembro del Grupo de Estudio en Trabajo en Cannabis de FAUBA, asesor y responsable técnico de criaderos de semillas: “Desde comienzos de 2024, la cadena formal del cannabis medicinal y sus semillas quedó atrapada en un laberinto normativo que amenaza con desmantelar a cientos de criaderos y operadores inscriptos en el Instituto Nacional de Semillas (INASE)”, explicó, en diálogo con Tiempo.
Un repaso de la situación
El primer obstáculo surgió cuando el organismo empezó a exigir -en cumplimiento del artículo 4 de la Resolución Conjunta 5/2021 con el Ministerio de Salud- que cada nueva variedad presentada al Registro Nacional de Cultivares cuente con un informe técnico, avalado por el Programa Nacional de Cannabis Medicinal de la cartera sanitaria.
Para los cultivares registrados hasta 2023, ese requisito no era solicitado: “Sin embargo, este nuevo requerimiento no puede ser cumplido, ya que el Ministerio no responde las solicitudes y, en consecuencia, no prospera ningún trámite de inscripción”, reclamó el ingeniero.
A esto se sumó, en marzo de 2024, la Resolución 81/2024 del INASE, que suspendió por seis meses –luego prorrogados– la incorporación de nuevos operadores de cannabis psicoactivo en todas las categorías del Registro Nacional de Comercio y Fiscalización de Semillas.
“Con el ingreso bloqueado, ningún operador nuevo puede sumarse formalmente a la actividad, justo cuando la demanda de materiales genéticos certificados crece de la mano del circuito medicinal regulado por Reprocann”, apuntó Musacchio.
El tercer candado se activó en marzo de 2025. Para renovar la anualidad que habilita a los criaderos a multiplicar, ensayar y comercializar semillas, el INASE comenzó a exigir la presentación de una licencia de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), en línea con la Ley 27.669 y el Decreto 405/23.
Por lo tanto, el problema es que la Resolución 1/2024 de ARICCAME sólo regula licencias agrícolas e industriales para cáñamo no psicoactivo (con hasta 1 % de THC), destinado a grano o fibra, deja fuera al cannabis medicinal que domina la producción y el mejoramiento local.
Un requisito imposible de cumplir
Así, los criaderos se enfrentan a una condición imposible: deben presentar un permiso que la propia agencia todavía no contempla. “Como consecuencia de esa situación, los plazos de renovación anual fueron renovados por dos meses en dos ocasiones sin llegar a alcanzarse hasta el momento una resolución. Por lo cual a partir de agosto los operadores de INASE que trabajan con cannabis medicinal perderían cobertura legal”, explicó Musacchio.
El panorama se volvió todavía más incierto cuando el Poder Ejecutivo Nacional intervino ARICCAME por un año, mediante el Decreto 833/2024, “para reorganizarla, regularizar licencias y autorizaciones”. La intervención reconoció la falta de personal y la “inadecuada operatividad” que impide emitir los permisos requeridos.
La reestructuración avanza
Mientras avanza esa reestructuración, la agencia sólo tramita el esquema simplificado para cáñamo, lo que mantiene al resto del sector en un estado de incertidumbre. Las consecuencias ya se sienten en todos los eslabones.
“Sin usuario activo en el sistema del INASE, los criaderos están al borde de perder cobertura legal para sostener sus lotes de mejora, realizar ensayos de campo o vender semillas”, explicó el ingeniero.
Y completó. “Muchos proyectos de fitomejoramiento, incluidos varios impulsados por organizaciones sin fines de lucro, han paralizado inversiones o migran a un mercado informal que erosiona la trazabilidad genética y la calidad sanitaria”.
Además, la fractura administrativa entre Salud, INASE y ARICCAME impide cumplir simultáneamente con la Ley 27.350 (uso medicinal), la Ley 20.247 (semillas) y la Ley 27.669 (industria). Musacchio apuntó. “En la práctica se ha configurado un círculo vicioso: se requiere un aval sanitario que no se emite, se prohíbe sumar operadores que podrían profesionalizar la oferta genética y se exige una licencia que sólo habilita cáñamo industrial”.
Y finalizó advirtiendo. “Si no se coordina de manera urgente la reactivación de los dictámenes del Ministerio de Salud, se levanta -o al menos se flexibiliza- la suspensión de nuevas altas en el INASE y ARICCAME y amplía su alcance al cannabis medicinal: Argentina corre el riesgo de perder un segmento clave para la innovación agrobiotecnológica, la calidad farmacéutica y las exportaciones de alto valor”.