Avanza el control de datos biométricos en escuelas porteñas
Resumen
Desde hace unos años el Gobierno de la Ciudad viene implementando el sistema de huellas dactilares en ministerios, secretarías, dependencias y diferentes organismos del Estado. El sistema reemplaza la vieja modalidad de “fichaje” que en un principio se utilizaban en […]
Desde hace unos años el Gobierno de la Ciudad viene implementando el sistema de huellas dactilares en ministerios, secretarías, dependencias y diferentes organismos del Estado. El sistema reemplaza la vieja modalidad de “fichaje” que en un principio se utilizaban en las fábricas del siglo pasado y mucho tiempo después se trasladó a diferentes instituciones. Durante la gestión de Rodríguez Larreta, se inició un proceso de instalación del sistema de datos biométricos en edificios escolares, intentando reemplazar el libro de firmas que rubrica cada docente y trabajador auxiliar al ocupar sus puestos laborales.
La medida fue resistida durante muchos años por los gremios, ya que consideran que es un nuevo sistema de control y otro intento de persecución y disciplinamiento hacia la docencia; al mismo tiempo que atribuyen la instalación de estos dispositivos a «un nuevo negociado» entre CABA y empresas privadas. Esta medida se suma a la instalación de cámaras de seguridad dentro de algunas escuelas porteñas, que registran todo el movimiento de docentes, estudiantes y equipos de conducción.
Jorge Macri jamás convocó a la docencia para hablar sobre este tema y, desde que arrancó su gobierno instaló alrededor de 700 dispositivos de datos biométricos en diferentes escuelas de la Ciudad. Así detalla un minucioso informe oficial elaborado tras un pedido de acceso a la información pública solicitado por la Fundación Éforo para su portal ElAuditor.
La Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Finanzas porteño, fue la encargada de informar sobre los principales objetivos del proyecto autodenominado “Eficiencia administrativa, transparencia en la gestión, uniformidad de criterios en todos los establecimientos educativos -evitando disparidades en la modalidad de registración- y optimización en los procesos de altas y bajas de docentes”.
Las cifras oficiales plasmadas en el documento, aseveran que el GCBA ya colocó equipos en 10 instituciones para adultos, en 289 de Nivel Inicial, en 365 de Nivel Primario, en 11 de Educación Media y en una terciaria.
El manejo de los datos privados
El pedido de acceso a la información pública elaborado por la asociación civil, indaga también sobre la seguridad de los datos personales de los trabajadores y trabajadoras de la educación.
La misma Subsecretaría afirma “cumplir con los requisitos de certificación dispuestos por la Agencia de Sistemas de Información (ASI). Algunos de ellos establecen que los sistemas de presentismo y control de acceso deben estar instalados en condiciones de funcionamiento óptimo para garantizar la inexistencia de fugas o desvíos”.
La base de datos está a cargo de la Dirección General de Planificación y Control Operativo, área dependiente de la Subsecretaría. Según la resolución N.° 25/SECRH/11, toda la información que se almacena debe estar protegida mediante un sistema de encriptación que cumpla con estándares internacionales de seguridad.
“Esto busca garantizar que los datos no puedan ser alterados ni accedidos de forma indebida. Además, el sistema debe contar con una auditoría interna que registre todas las operaciones realizadas y establezca responsables directos del control de esa información”, señala el documento.
En otro apartado del documento, la subsecretaria recuerda que “el registro y la administración de datos biométricos responde a la Ley 1845 de Protección de Datos Personales. Deben estar guardados en archivos, registros, bases o bancos de datos del sector público de la Ciudad de Buenos Aires y hay que asegurar el derecho al honor, a la intimidad y a la autodeterminación informativa.
Es decir, las personas deben ser informadas claramente sobre el uso de sus datos biométricos, dar su consentimiento para ese uso y tener la posibilidad de acceder, corregir o solicitar la eliminación de esos datos si lo desean.
La resistencia de los gremios docentes
En varias ocasiones los sindicatos se manifestaron en contra de la nueva medida de control. En julio de este año, la Unión de Trabajadores de la Educación, advirtió que el Gobierno intentaba duplicar intempestivamente la cantidad de escuelas para la implementación del sistema de huella digital”. Mediante un comunicado, informó que el pasado 10 de julio, “el GCBA mandó a instalar dispositivos de registro a través de huella digital, como nuevo sistema de control de asistencia de forma intempestiva y sin aviso previo en escuelas que no estaban previstas en la prueba piloto. Esta decisión sorpresiva en edificios escolares sin ninguna información oficial no solo es una desprolijidad sino que además genera malestar en toda la comunidad educativa”
En el documento, la UTE señala que el gremio “se hizo presente en las instituciones para frenar la instalación en las escuelas donde no había ningún tipo de normativa oficial que respalde la prueba piloto lanzada hace menos de un mes, aún no pudo ser evaluada por ninguna instancia por lo que nos resulta “kamikaze” la duplicación de la misma”.
Por su parte, la asociación docente ADEMYS, en septiembre pasado, denunció que el GCBA profundiza el maltrato a las condiciones laborales de la docencia”, al querer “imponer la huella dactilar para acreditar el presentismo docente, siendo esto un grave intento de persecución y disciplinamiento hacia la docencia.»
El comunicado advierte: «Este avance implica un nuevo negociado del Gobierno de PRO, que pretende concretar contrataciones millonarias de manera irregular para la adquisición de este servicio, que sólo será usada para amedrentar a la docencia. Destinan dinero para empresas amigas, mientras le ponen un cepo al salario docente que pierde día a día frente al avance del alza en los precios”.