denuncian al gobernador por autorizar en Río Negro a petrolera británica que tiene prohibido operar en la Argentina

El gobernador rionegrino Alberto Weretilneck deberá justificar ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) de la provincia las razones por las que autorizó a trabajar en su territorio a una petrolera británica que tiene prohibido operar en la Argentina hasta el año 2037, por haber explotado ilegalmente hidrocarburos en las Islas Malvinas con licencia de los kelpers y sin autorización del Estado nacional. La empresa fue sancionada por la Casa Rosada en 2012 y embargada por la Justicia Federal en 2015.

Weretilneck y sus funcionarios y funcionarias de las áreas de Energía y de Ambiente deberán brindar explicaciones a la FIA producto de la denuncia presentada este martes por la legisladora del bloque opositor “Vamos con Todos”, Magdalena Odarda, ante “la comisión de posibles delitos de acción pública”.

La denuncia se produjo luego de que Tiempo Argentino revelara este domingo la trama secreta de fusiones, adquisiciones y cambios de nombres que permitieron a la empresa sancionada Premier Oil PLC intervenir de manera clandestina en la Argentina en cinco grandes negocios petroleros en Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego desde septiembre de 2024.

Premier Oil desembarcó en 2012 en Malvinas para explotar ilegalmente los megayacimientos petrolíferos off shore de Sea Lion, 218 kilómetros al norte de Malvinas, en sociedad con la también británica Rockhopper Explorations. Lo hizo durante una década, pero los malos negocios la obligaron a fusionarse con Chrysaor Holdings PLC para fundar una nueva petrolera, Harbour Energy, que pocos meses después vendió sus operaciones a la israelí Navitas Petróleum y abandonó las Malvinas.

En ese lapso, Premier Oil fue reiteradamente advertida y finalmente sancionada por el Gobierno nacional con 15 años de prohibición de operar en la Argentina por sus actividades “ilegales y clandestinas”, que como un delito de acción continua se cometieron consuetudinariamente hasta el día que abandonó su operación ilegal en territorio argentino, ya convertida en Harbour Energy.

El 21 de abril de 2015, la jueza federal de Río Grande, Lilian Herraez, había multado a Premier Oil en 156,4 millones de dólares y ordenó embargar barcos, plataformas y cuentas bancarias a solicitud de los fiscales fueguinos Marcelo Rapoport, Adrián García Lois, y del Procurador de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella.

Durante una década, Premier Oil/Harbour Energy, violó cada día la ley 26.695, de 2011, y su modificatoria 26.915, de 2013, que regulan la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina. Ambas sancionan con dureza a las empresas que la incumplan directa o indirectamente, como operadoras o colaboradoras, y extienden la pena de prisión a los accionistas, directivos y responsables de esas empresas.

Con su nuevo nombre y más socios Premier Oil / Harbour Energy desembarcó en la Argentina en septiembre de 2024 tras comprar las operaciones globales de la compañía alemana Wintershall DEA (subsidiaria de la Corporación BASF), que incluyen dos explotaciones en Vaca Muerta, Neuquén, una participación importante en el yacimiento off shore Fenix, al sur de Tierra del Fuego, y la sociedad Southern Energy SA (SESA) que planea instalar en el golfo de San Matías dos barcos de licuefacción para la exportación de GNL.

Justamente por la operación en Río Negro es que la legisladora Magdalena Odarda denunció al gobernador Weretilneck, un neolibertario que ha dado notorias muestras de apego para garantizar impunidad a los delitos de los capitales británicos, como por ejemplo Lago Escondido, del inglés Joe Lewis, con prisión domicialiaria en Nueva York por fraude bursátil.

Ordada denunció a Weretilneck, explicó, “porque firmó un acuerdo con el consorcio Southern, que integra Harbour Energy y oculta a Premier Oil, sancionada y embargada en 2012 por el Estado por explotar hidrocarburos en forma ilegal en la cuenca de Malvinas”. La legisladora ya lo había advertido unas semanas atrás en el recinto, cuando exigió al Ejecutivo provincial revisar la legalidad de Harbour Energy.

“El Gobierno provincial habilitó a este Grupo a instalar buques licuefactores en el Golfo San Matías para exportar gas natural licuado, poniendo en riesgo la biodiversidad, el turismo, la pesca y, sobre todo, la Soberanía Nacional”.

La situación de Premier Oil / Haborbur Energy puede transformarse en una complicación para Weretilneck y su Gabinete durante la audiencia pública que realizará el próximo 16 de septiembre en San Antonio Este, con el declamado propósito de evaluar el impacto ambiental del proyecto. Lo expositores solo tendrán cinco minutos para hablar en la audiencia.

El 29 de agosto de 2024, el Gobernador rionegrino literalmente militarizó la pequeña localidad de Ingeniero Jacobacci para condicionar la audiencia pública que un día más tarde iba a realizarse allí sobre el megaproyecto minero de oro y plata Calcatreu, entregado a la multinacional de origen canadiense Patagonia Gold. También allí los expositores fueron limitados a cinco minutos cada uno de los pocos a los que les permitieron hablar.

En la misma situación de ilegalidad que Weretilneck se encuentran el Gobierno Nacional, que reconoció al consorcio Southern Energy y lo incorporó al RIGI con exenciones tributarias y arancelarias por 30 años; el Gobierno neuquino de Rolando Figueroa que autorizó a Premier Oil / Harborur Energy a operar los yacimientos de shale oil de Aguada Pichana Este y San Roque, y el fueguino de Gustavo Melella quien  le permitió a la petrolera sancionada desembarcar en la explotación del off shore  Fenix, pese a que su postura inicial había sido rechazarla.