la UOM Villa Constitución pidió perpetua para dos exgerentes de Acindar

El juicio por los crímenes cometidos durante el Villazo entró en la recta final. Ya alegaron la fiscalía y casi todas las querellas -resta aún el CELS-, y se acerca el momento de obtener la tan esperada sentencia por la represión impulsada por Acindar en Villa Constitución en 1975 que tuvo como objetivo principal perseguir y eliminar a referentes de la UOM local y a trabajadores metalúrgicos e implantar el terror en la ciudad santafesina.

Una de las particularidades de este debate, que comenzó hace casi dos años atrás, es que tiene entre sus imputados a dos civiles, Roberto Pellegrini, entonces jefe de relaciones laborales de Acindar, y Oscar Torralvo, personal jerárquico de la empresa. Otra excepcionalidad es que la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución es querellante y este lunes realizó su alegato, en el que pidió prisión perpetua para los dos responsables civiles, a los que consideró partícipes necesarios de 27 secuestros y 8 asesinatos. También reclamó penas de entre 25 y 10 años de prisión para 15 exmiembros de la Policía Federal y un expolicía provincial, acusados de participar en los crímenes contra 57 personas.

“Los hechos que aquí se juzgan tuvieron nefastas consecuencias para la vida de sus víctimas y familias, con marcas que persisten hasta hoy, tal como lo escuchamos en distintos testimonios. Como contrapartida encontramos consecuencias más que positivas para Acindar: la empresa era una en 1974 y pocos años después se transformó en un gigante internacional del rubro. Desde luego que no todo crecimiento económico implica la comisión de delitos de lesa humanidad, pero ya veremos como en este caso sí ocurrió y Pellegrini y Torralvo contribuyeron para ello”, sostuvo al comienzo de su alegato Matías Ledesma, abogado de la UOM.

“Este proceso judicial es parte de la foto de lo que ocurrió en Villa Constitución. El paso del tiempo ha impedido que todas las personas que intervinieron en estos hechos se encuentren en el banquillo de los acusados. Un caso paradigmático es el de quienes ocuparon roles centrales en Acindar, como (José Alfredo) Martínez de Hoz y (Alcides) López Aufranc, que murieron impunes. Ellos deberían haber estado sentados también en el banquillo de los acusados y su ausencia entre muchísimos otros evidencia que la justicia que pretendemos alcanzar con este debate no alcanzará a todos los responsables”, añadió. 

La querella se refirió puntualmente a los “aportes indispensables” que realizaron los civiles en el secuestro y homicidio de trabajadores de Acindar. “A modo de ejemplo, Miguel Alberto Simonovic, delegado en Acindar e integrante de la lista marrón nos contó que cuando lo fueron a secuestrar lo ubicaron directamente en la parte trasera de la casa de su padre. Él había dejado un croquis en la fábrica que le habían pedido para enviar a los médicos cuando estuviera enfermo. ¿Quién en la fábrica se lo pidió? La oficina de personal a cargo de Pellegrini, donde también trabajaba Torralvo. Fue claro: golpearon la puerta que tenían que golpear para buscarlo”, relataron los abogados y recordaron también los casos de Juan Actis, vocal de la comisión directiva de la UOM de Villa Constitución, quien fue detenido en la casa de su hermana, información que había dado en la oficina de personal de Acindar, y de Roberto Martínez, quien fue secuestrado en la planta y sus captores tenían su credencial de ingreso a la fábrica con su foto, que había sido actualizada apenas unos meses antes por pedido de la empresa.

“Pellegrini y Torralvo eran los únicos que tenían los legajos y aparecieron misteriosamente en manos de quienes llevaron a cabo los operativos”, agregaron. 

Una querella de trabajadores 

“Impulsamos la querella debido a la ideología y la idiosincrasia que tenemos en la UOM de Villa Constitución y estoy orgulloso de todo el trabajo que se hizo como punto final a una historia muy larga. Fue muy interesante poder aprender de todo esto que pasó y esperemos que no se vuelva a repetir nunca más”, señaló en diálogo con Tiempo Pablo González, secretario general de la UOM de Villa Constitución, quien destacó el trabajo conjunto con la UOM nacional y con los familiares de víctimas y sobrevivientes. 

González contó que desean junto a familiares y querellas que el veredicto, que podría ser entre septiembre y octubre, sea leído en la ciudad de Villa Constitución, donde pusieron a disposición el auditorio de la UOM, y no en los tribunales federales de Rosario, donde se realiza el debate.

El final del juicio encontró al sindicato en un contexto difícil en Acindar, hoy en manos de la multinacional Arcelor Mittal, producto de la crisis en el sector que provocó cientos de despidos y más de 600 suspensiones en la empresa. “Estamos atravesando los peores dos años de la industria siderúrgica en Villa Constitución, no sólo Acindar sino también Tenaris. La macroeconomía está afectando drásticamente la producción con la caída de la obra pública y la obra privada, que no traccionan absolutamente nada”, explicó el referente sindical. 

Al caso de la UOM de Villa Constitución se suman otras querellas sindicales en juicios de lesa humanidad. El Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma es querellante en las causas por la represión en el ingenio de Carlos Blaquier y los aceiteros de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (F.T.C.I.O.D Y A.R.A.) hicieron lo mismo en la causa por delitos de lesa humanidad contra trabajadores de Molinos Río de la Plata de Avellaneda. También la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación se constituyó en 2021 como querellante en la causa Las Marías, por la represión a trabajadores y delegados tareferos en Corrientes.

A estos se suma la CTA autónoma y el sindicato docente bonaerense de SUTEBA que participaron en varios juicios desarrollados en la provincia de Buenos Aires, como el juicio Brigadas, que finalizó el año pasado. 

Serpiente roja y Acindar

El 20 de marzo de 1975 se produjo una invasión de 4000 efectivos de fuerzas de seguridad, armadas, junto a personal de la SIDE y grupos parapoliciales de la Triple A y de la Juventud Sindical por orden del gobierno de Isabel Perón en lo que se denominó “Operativo Serpiente Roja del Paraná”, cuyo supuesto objetivo era terminar con un “complot subversivo” en Villa Constitución y la zona. Lo que buscaban, en realidad, era desarticular la organización sindical combativa que había ganado las elecciones en la UOM local el año anterior tras varios meses de conflicto con la conducción nacional, que manejaba Lorenzo Miguel. 

Se cree que las víctimas superan las 300 personas entre trabajadores, referentes sindicales, abogados laboralistas, familiares y vecinos de Villa Constitución, aunque este juicio abarca apenas 60 casos. La empresa y sus directivos tuvieron un rol central. En Acindar se montó un centro clandestino de detención conocido como “Albergue de Solteros”, aportó vehículos, pagó sobresueldos y alojó al personal de fuerzas represivas; facilitó el ingreso a la fábrica de los grupos de tareas y entregó los legajos y fotos de muchos de los perseguidos.