Política exterior o desmantelamiento

En un reciente artículo publicado en la revista Procesos de Mercado^[1], el actual consejero de la embajada argentina en España Marcelo Alejandro Nimo sostiene una propuesta que, bajo la etiqueta de “La Diplomacia de La Libertad”, no sólo busca desarticular estructuralmente el Servicio Exterior de la Nación, sino que además opera como manifiesto doctrinario de una política exterior en clave empresarial, ajena a toda concepción de lo público, de lo soberano y de lo estratégico. Inspirado en la Escuela Austríaca de Economía, y en particular en las ideas del liberal español Jesús Huerta de Soto – director de la revista Procesos de Mercado- , el autor propone reducir drásticamente la estructura diplomática del Estado argentino, eliminar funciones culturales, educativas y consulares “no rentables”, y desplazar al cuerpo diplomático profesional mediante un sistema de “diplomacia ambulante” y autofinanciada. Frente a esta avanzada ideológica, resulta urgente discutir políticamente las implicancias de dicha propuesta para recuperar una agenda de reforma del Servicio Exterior desde una perspectiva soberana, federal, multipolar y latinoamericanista.

El plan Nimo: un servicio exterior de mercado

La tesis central de Nimo descansa sobre una premisa que recorre buena parte del pensamiento libertario contemporáneo: la idea de que el Estado representa una estructura parasitaria que obstaculiza el despliegue de las “fuerzas creativas del mercado”. No se trata aquí de modernizar, democratizar u optimizar  el servicio exterior, sino de privatizarlo, de tercerizarlo, de vaciarlo de contenido político y de reconfigurarlo según el paradigma de la rentabilidad y la competencia individual. En este marco, la propuesta de Nimo constituye la cancelación de la política como campo legítimo de disputa sobre el rumbo internacional de la Argentina.

Ahora bien, más allá de las singularidades del texto de Nimo, lo que está en juego en esta disputa es algo mucho más profundo: se trata de decidir si la política exterior debe ser pensada como una herramienta de soberanía o como una plataforma de negocios al servicio de intereses coloniales. Y esta decisión, que es eminentemente política, remite a un interrogante fundamental que atraviesa toda la tradición de pensamiento nacional y popular en nuestro país: ¿quién define los vínculos de la Argentina con el mundo?, ¿con qué intereses, con qué objetivos, con qué horizonte estratégico?

Se puede decir que la propuesta de Nimo representa un cambio de paradigma radical en la concepción del Estado, la soberanía y lo común. Supone la sustitución de la lógica diplomática por la lógica comercial, del principio de universalidad por el principio de rentabilidad, y del interés nacional por el interés individual o corporativo. Es un ejemplo acabado del avance del neoliberalismo libertario como dispositivo de desinstitucionalización del Estado y como forma de “desarme simbólico” de la nación frente al sistema internacional.

En concreto, esta iniciativa propone 1) reducir drásticamente la red de embajadas permanentes, manteniendo únicamente una dotación mínima compuesta por el embajador, un secretario y un ministro consejero por misión, bajo el supuesto de que toda representación diplomática que no genere beneficios económicos directos debe ser eliminada o externalizada; 2) la eliminación de los agregados culturales y educativos, considerados prescindibles o ideológicamente sesgados; 3) que las tareas de homologación, difusión cultural o cooperación académica sean asumidas por actores privados, fundaciones o universidades autofinanciadas, sin participación estatal; 4) trasladar los servicios consulares a plataformas digitales y convenios con entidades privadas como bancos o notarías, lo cual, más allá de la apariencia de modernización, implica una privatización del vínculo entre el Estado y sus ciudadanos en el exterior, transformando derechos fundamentales —como la identidad, la documentación o la asistencia consular— en prestaciones pagas, sujetas a disponibilidad tecnológica y capacidad de pago; 5) desvincular al Servicio Exterior Nacional de las tareas de promoción comercial y de relaciones económicas internacionales, transfiriéndolas a cámaras de comercio e instituciones privadas autofinanciadas, diluyendo así la responsabilidad del Estado en la articulación estratégica de los intereses productivos, comerciales y tecnológicos de la Nación.

Como complemento, se impulsa la implementación de una “diplomacia ambulante”, es decir, un sistema de misiones puntuales, deslocalizadas, de corta duración, coordinadas desde Buenos Aires por una estructura mínima, orientada a resolver asuntos específicos bajo demanda, sin continuidad territorial, ni construcción de vínculos multilaterales ni presencia institucional permanente. Para que este proceso de desmantelamiento institucional sea jurídicamente viable, el autor propone una reforma estructural de la Ley 20.957, con el objetivo de eliminar lo que considera «privilegios» salariales, residenciales y logísticos del personal diplomático, sin distinguir entre condiciones laborales necesarias para la representación soberana del país y prebendas eventualmente reformables.

En este contexto, resulta cada vez más urgente construir una propuesta alternativa de reforma, necesaria, de la Ley del Servicio Exterior que, lejos de seguir el camino del ajuste, recupere una visión de Estado presente, activo y soberano en la escena internacional.

Una Reforma del Servicio Exterior Soberana, Popular y Multipolar

La ley vigente, sancionada en 1975 durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón, aún conserva elementos valiosos, en particular en lo que respecta al carácter profesional, técnico y patriótico del cuerpo diplomático. Sin embargo, a casi cincuenta años de su aprobación, resulta obsoleta frente a los desafíos del siglo XXI.La necesaria reforma debe inscribirse en una relectura crítica del lugar que la Argentina ocupa en el escenario internacional contemporáneo, caracterizado por el declive del orden unipolar, la emergencia de nuevas potencias asiáticas, el fortalecimiento de bloques regionales alternativos y la disputa abierta por el control de los bienes comunes estratégicos. En este contexto, sostener una arquitectura diplomática heredada de la Guerra Fría, centrada en el vínculo exclusivo con Europa Occidental, sin una estrategia integral hacia Asia, África o América Latina, revela una inercia institucional impropia de los desafíos actuales y además consolida una inserción periférica, dependiente y subordinada.

Una política exterior verdaderamente soberana, popular y multipolar requiere, en primer lugar, redefinir los principios rectores que orientan la inserción internacional de la Argentina. Esta reorientación supone afirmar, de modo explícito y programático, la soberanía política y la autonomía estratégica como fundamentos ineludibles de toda acción exterior. En este marco, la cooperación Sur-Sur debe dejar de ser una consigna retórica y pasar a constituirse como principio ordenador de una nueva arquitectura diplomática que reconozca la centralidad de América Latina, Asia y África en la construcción de un orden multipolar más justo, plural y simétrico. Ello implica, necesariamente, una descentralización geopolítica del aparato exterior, con redistribución de recursos y personal hacia regiones históricamente desatendidas y la consolidación de una diplomacia popular y de Estado que combine profesionalismo técnico con legitimidad democrática, que articule el saber académico con las demandas sociales y que transforme a la Cancillería en una verdadera herramienta de articulación federal. Finalmente, esta nueva doctrina de política exterior debe jerarquizar como ejes estructurales —y no como apéndices protocolarios— la defensa activa del Atlántico Sur, la Antártida y la cuestión Malvinas, no sólo en términos territoriales, sino también como espacios geopolíticos donde se disputa la soberanía, la presencia científica, la paz regional y el control de recursos estratégicos.

En suma, reformar el Servicio Exterior no es sinónimo de eliminarlo. Muy por el contrario, se trata de revitalizarlo, de resignificarlo, de dotarlo de nuevas funciones, de nuevos sentidos y de nuevas herramientas para actuar en un mundo que ya no es el de 1975 ni el de la globalización neoliberal de los años noventa. La reforma que hoy se impone no es la de la privatización diplomática, sino la de una política exterior al servicio de un proyecto de país, que articule la dignidad nacional con la justicia global, la integración regional con la defensa del interés popular, y la presencia internacional con la voluntad de construir un mundo menos desigual. La Argentina no necesita una plataforma para la diplomacia empresaria ni un buzón digital de exportaciones.

^[1]       Nimo, M. A. (2024). La diplomacia de la libertad. Procesos de Mercado: Revista Europea de Economía Política, 21(2), 393–414.https://www.jesushuertadesoto.com/wp-content/uploads/2025/02/Interiores-Procesos-de-mercado_Invierno_2024_web.pdf

*El autor es licenciado en Comunicación y Coordinador de Política Internacional en la Fundación para el Desarrollo Humano Integral.