con la infraestructura detonada, es un factor de riesgo acuciante

Protestas y movilizaciones de los trabajadores en Córdoba, Neuquén y Mendoza. Preocupación de las cámaras empresariales e indignación en las asociaciones de víctimas de accidentes de tránsito. En el país del consenso imposible –con argumentos a favor del desfinanciamiento del Hospital Garrahan o la quita de méritos a La Scaloneta, por nombrar, apenas, un par de ejemplos del desvarío–, la decisión del gobierno de Javier Milei de eliminar por decreto la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) provocó rechazo y temor generalizados.

“La infraestructura vial detonada es un factor de riesgo acuciante”, advierte con la autoridad que otorga la expertise Pablo Martínez Carignano, extitular del ahora disuelto organismo.

“La ANSV –explica– se ocupa de cuestiones básicas para la seguridad vial. Concentra las estadísticas oficiales de siniestralidad de todo el país, regula la Licencia Nacional de Conducir, imparte los contenidos del Plan Federal de Educación Vial, verifica la habilitación de los talleres de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y la homologación de los radares. Además, gestiona la Línea 149 de asistencia a las víctimas, realiza los controles de alcoholemia previstos en la Ley 27714, tiene 30 bases operativas en todo el país, da recursos (autos, cascos, alcoholímetros, etc.) a todas las jurisdicciones y en el Consejo Federal armoniza la política vial de todo el país para evitar que existan normas atomizadas. Al menos hacía eso en la gestión que me tocó comandar. La actual es un fantasma”.

El lunes 7 de julio, durante su habitual conferencia de prensa, el vocero Manuel Adorni anunció el cierre “definitivo” de la nombrada Agencia como así también de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial. “Es un acta de defunción a la corrupción de la Obra Pública y la firmó el presidente de la Nación”, declaró el vocero en referencia al decreto 461/2025 publicado al día siguiente en el Boletín Oficial.

Luego argumentó que la DNV tiene “una dotación elevada y una configuración jerárquica extensiva que dificultan la toma de decisiones y restan agilidad a la ejecución de proyectos, lo que redunda en altos costos operativos para el Estado Nacional”. 

Por último, insistió en que su disolución permitirá “un ahorro anual estimado en 100 millones de dólares”, además de “optimizar el mantenimiento de las rutas con una mayor participación del sector privado”.

Carignano, sin embargo, desconfía del afán desregulador y transformador del Ejecutivo encarnado en el ministro Federico Sturzenegger. Todo se trata, afirma el exfuncionario, de una nueva oportunidad para hacer negocios. “El gobierno acompaña el cierre de Vialidad Nacional con el anuncio de la privatización de miles de kilómetros de rutas. Es algo obvio: las rutas rentables van a ser entregadas a privados, que nos cobrarán peaje y se llevarán millones, mientras que las no rentables se abandonarán y el que se mate, que se mate”.

Más muertes, menos seguridad vial

Desde su creación en 2008, la ANSV disminuyó un 28% la cantidad de víctimas fatales en siniestros viales. Por su parte, la DNV se encargaba del mantenimiento de los más de 40 mil kilómetros de rutas nacionales asfaltadas y de ripio con más de cinco mil trabajadores abocados a la tarea en todo el país (los seis sindicatos que los representan buscan evitar el cierre del organismo con acciones judiciales); también de la atención y prevención de emergencias viales, especialmente en épocas invernales o de inundaciones como las actuales.

“Va a haber un incremento de muertes evitables por la principal causa de fallecimientos en menores de 50 años: los siniestros viales«, se lamentó Diego Molina, miembro fundador de Conduciendo a Conciencia y padre de una de las víctimas de la tragedia de Ecos en 2006, durante una entrevista con La 750.

En el mismo sentido opinó la secretaria general del Sindicato de los Trabajadores Viales y Afines, Graciela Aleñá. “Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas, es una vergüenza. Mienten con nuestras funciones y está armado para hacer negocios (…) Milei y su secuaz, Sturzenegger, son los responsables del genocidio en las rutas que están generando y ahora profundizan”.

Carignano admite que el cierre de la agencia que supo comandar no lo tomó por sorpresa, aunque aclara que eso no le sirve de consuelo: “Nuevamente los negocios, la desigualdad y el cinismo como rectores de la infraestructura vial, como ya ocurrió en los 90. La decisión de disolver el organismo comenzó el mismo día en el que las actuales autoridades se hicieron cargo. Vinieron a eso y comenzaron a filtrar sus intenciones a través de los medios. Pese a estar prevenido, la amargura me invadió por completo, por ver destruido un organismo que sirvió para salvar miles de vidas, por el futuro de muchos excompañeros de trabajo, por la complicidad de personas de las que nunca habría imaginado esa postura y por el silencio de otros tantos”. «