la inversión en el sector perfora el mínimo histórico y llega a apenas el 0,14% del PBI
Resumen
Si el título dice que un satélite argentino viajó en la misión Artemis II de la NASA a la Luna se podría pensar que la ciencia nacional atraviesa un gran momento. Pues no. La realidad, la de los números (esa […]
Si el título dice que un satélite argentino viajó en la misión Artemis II de la NASA a la Luna se podría pensar que la ciencia nacional atraviesa un gran momento. Pues no. La realidad, la de los números (esa que es la supuestamente ponderable por el presidente Javier Milei) marca que la inversión en ciencia y tecnología perforó el mínimo histórico de las últimas cinco décadas, desde que se realizan las mediciones. Una palabra lo define: cientificidio.
Como reveló el último análisis presupuestario del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación publicado por el Grupo EPC-CIICTI, en el cierre del primer trimestre de 2026, la Función Ciencia y Técnica (FCyT) de la Administración Pública Nacional acumuló una caída real del 50,8% desde 2023 y se proyecta en torno al 0,140% del PBI para el año en curso, lo que representa un nuevo mínimo absoluto en la serie histórica iniciada en 1972.
De este modo, el financiamiento CyT continúa alejándose de la pauta fijada por la suspendida Ley 27.614 de Financiamiento de la Ciencia y la Tecnología. El informe del Grupo EPC-CIICTI señala que en 2024 la inversión en CyT representó casi la mitad de lo indicado por la Ley y que, para 2026, la brecha se profundizó: el presupuesto ejecutado se encontró apenas por encima del 25% de lo que la norma establecía como piso mínimo, configurando una pauta de regresividad sin antecedentes en la historia presupuestaria argentina.

Los datos oficiales muestran que la inversión en la finalidad “Ciencia y Técnica” -es decir, todos los gastos que hace el Estado relacionados con la Ciencia, sin importar qué ministerio lo haga-aumentó fuertemente entre 2004 y 2015: casi duplicó su proporción sobre el PBI, ya que en 2004 era el 0,18% y en 2015 finalizó con 0,35% del producto.
Sin embargo, con la presidencia de Mauricio Macri cayó y finalizó en 2019 con una inversión del 0,23% del PBI, la más baja desde 2006. En 2020, ya con el Frente de Todos y pandemia, finalizó en 0,25% del producto. En 2021 se votó la nueva ley, según la cual la financiación debía aumentar en los próximos años hasta llegar al 1% del PBI en 2032. En 2023 terminó con 0,30% del PBI. Hoy es menos de la mitad.

Menos investigadores, menos ciencia
A su vez, el CONICET, principal organismo de ciencia del país, continuará en caída libre presupuestaria durante 2026. Con el crédito vigente y la inflación proyectada, el organismo perderá un 18,2% real adicional este año, tras caídas del 17,7% en 2024 y del 14,2% en 2025. En total, su presupuesto acumulará un retroceso del 42,2% en tres años.
A eso se suma la fuga de cerebros. En dos años perdió más de 2200 investigadores. En total, el sector científico nacional cuenta con 5000 personas menos que a fines de 2023.

Los efectos son múltiples y variados. Desde los recortes y despidos en el Servicio Meteorológico Nacional que afectan la posibilidad de contar con alertas tempranas y mecanismos de prevención tanto para la población como para el sector productivo, especialmente el agro, hasta la supervivencia de instituciones históricas, que hoy están en serio riesgo.
Es el caso del Instituto Balseiro. Como efecto del cientificidio, advierten que “está en riesgo la continuidad”. Profesores e investigadores de la institución alertaron que la “pérdida acelerada de docentes experimentados” por el “creciente deterioro salarial––que hoy alcanza niveles pocas veces vistos en su historia–– está llevando a la posible desaparición de una institución reconocida internacionalmente que tanto ha entregado a la Argentina a lo largo de 70 años”.
Otro de los casos más críticos relevados por el informe fue el de la CONAE, organismo clave en el desarrollo del Plan Espacial Nacional y con rol protagónico en la misión ATENEA-ARTEMIS II de la NASA, alabado por Milei, a pesar de que fue llevado adelante por las mismas universidades nacionales a las que desfinancian (la UBA, la UNSAM y la UNLP).
Para 2026, el crédito asignado supone una reducción adicional del 53,7%, totalizando una caída del 60,6% en tres años en términos reales.

