Ley de Glaciares: anatomía de un saqueo

Los bienes comunes del Sur se despojan por diseño. Agua, litio, datos y salud obedecen a una misma gramática: identificar lo colectivo, debilitar su protección jurídica y transferir su valor al capital. Argentina se ha convertido en el laboratorio más visible de esa operación.

El debate actual en Argentina sobre la Ley de Glaciares es el caso testigo de una dinámica regional. Lo que ocurre hoy en los Andes argentinos —con el intento de desbloquear la frontera minera para favorecer la rentabilidad corporativa— prefigura una reorganización territorial que sacrifica vida por renta. Esta arquitectura de la escasez opera bajo una premisa única: producir carencia en lo público para habilitar la apropiación privada de recursos colectivos.

Mientras en Buenos Aires se denuncia un «ocultismo» en el trámite legislativo para silenciar una movilización ciudadana que ya supera los 100.000 inscriptos para las audiencias, el Senado dio media sanción el 27 de febrero a una reforma que restringe la protección a las zonas con “función hídrica específica” y amplía el margen de decisión de provincias mineras como Salta, Catamarca, San Juan y Mendoza.

El intento de frenar esa participación llegó hasta los tribunales: la Justicia rechazó la medida cautelar que buscaba suspender las audiencias, al considerar que los inscriptos cuentan con vías alternativas de participación. El proceso continúa su curso.

Pendiente aún en Diputados, la hoja de ruta se terminó de trazar en el piso 15 de la torre del JPMorgan Chase en Nueva York. Allí, ejecutivos de Rio Tinto, McEwen Mining y First Quantum Minerals plantearon sin rodeos que la protección de áreas periglaciares constituye un obstáculo para sus proyectos.

El panel fue moderado por Daniel González Casartelli, ex CEO de YPF y miembro del directorio de Adecoagro, empresa constituida en Luxemburgo: el mismo funcionario llamado a regular la actividad minera participó así en un foro financiero junto a corporaciones que presionan para flexibilizar la legislación ambiental.

Los glaciares son infraestructura hídrica: regulan cuencas, alimentan ríos y sostienen ecosistemas. Su destrucción no es efecto colateral del progreso sino el resultado directo de un modelo que antepone la renta corporativa a la vida. Poblaciones indígenas y campesinas de la Puna, la Cordillera y la Patagonia sufren primero la escasez de agua provocada por la minería periglaciar. El cianuro y los químicos de lixiviación dejan impactos irreversibles. Esa es la química del despojo.

Del hielo a los servidores: la soberanía que nadie nombra

Glaciares, litio, datos y salud están unidos por una lógica de despojo que atraviesa recursos, información y cuerpos, y que concentra poder y valor en pocas manos.

El litio, denominado el oro blanco del siglo XXI, concentra esta tensión con especial claridad. En el triángulo que comparten Argentina, Bolivia y Chile se encuentra más del 60% de las reservas mundiales de este mineral, indispensable para la transición energética global. La extracción masiva en salares altiplánicos —ecosistemas frágiles, vinculados a acuíferos profundos— genera una presión hídrica sin precedentes sobre comunidades que ya enfrentan escasez. La transición verde del Norte Global se financia con la desposesión hídrica y territorial del Sur.

Bolivia nacionalizó el litio vía Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), reorientando renta hacia el Estado e industrialización soberana. Un proyecto que, aunque enfrenta serias dificultades técnicas y financieras, interpela a la región: ¿se puede recuperar la renta de bienes comunes sin reproducir la lógica extractiva que los destruye?

Existe una dimensión del despojo que suele ser invisible: el control de las infraestructuras digitales. Los datos ambientales que monitorean el retroceso de un glaciar, los mapas de reservas de litio o las historias clínicas de millones de personas no viajan por un éter neutral. Se almacenan y procesan en servidores de Amazon, Google o Microsoft, fuera del alcance regulatorio de cualquier Estado latinoamericano. Es la nueva frontera extractiva: así como se extrae litio sin dejar el agua, se extraen datos estratégicos sin moverlos del territorio, pero su gobernanza y su valor quedan en manos extranjeras. Quien controla esa información decide, en última instancia, qué se sabe, qué se explota y qué cuerpos se atienden.

La intemperie sanitaria: donde el despojo llega al cuerpo

La misma lógica que avanza sobre los glaciares y los datos opera sobre los sistemas de salud. La crisis sanitaria en América Latina es la expresión de una transformación estructural que convierte derechos sociales en mercancías. Una racionalidad neoliberal reorganiza el campo sanitario bajo criterios de rentabilidad y traslada progresivamente el costo de la atención hacia la población. Lo que emerge es una forma sistemática de desposesión: la extracción de valor social desde los sistemas de cuidado hacia circuitos privados de acumulación.
Esta dinámica opera mediante una plusvalía sanitaria: El valor social que produce el sistema público de salud no retorna a él: se transfiere hacia circuitos privados de acumulación. Lo hacen los laboratorios con patentes que sostienen precios inaccesibles, las aseguradoras que lucran con la intermediación, y las empresas que tercerizan servicios esenciales pagando menos y cobrando más al Estado.

Foto: Comunicación Senado

El caso argentino es el más nítido de la región. Con el DNU 70/23, lo que en otros países tomó años se comprimió en un solo instrumento legal: programas desfinanciados, medicamentos esenciales que dejaron de llegar y un sistema reconfigurado para favorecer a los operadores privados. No fue una respuesta de emergencia: fue una transferencia planificada de valor público al sector privado.

El resultado es una pedagogía del desgaste que naturaliza la escasez. La degradación instala en la vida cotidiana una narrativa conocida: no hay turnos, no hay insumos, no hay presupuesto. Bajo ese discurso se construye la idea de que el Estado es incapaz de sostener el derecho a la salud. Esta narrativa  empuja a sectores de la población hacia soluciones privadas que, en la práctica, resultan inaccesibles para las mayorías. La expulsión del sistema público no integra a esos sectores al mercado: los deja expuestos a una verdadera intemperie sanitaria.

La disputa es una sola

El desafío es revertir lo que el neoliberalismo fragmentó: restituir la salud como bien público, los glaciares como reservas estratégicas de la humanidad, el agua como derecho inalienable y el territorio como espacio de vida. La disputa es una sola porque el despojo es uno solo: opera en los cuerpos sin medicamentos, en los ríos que pierden caudal, en los suelos contaminados y en los datos estratégicos que se procesan fuera de toda soberanía. Recuperar esa plusvalía —sanitaria, hídrica, territorial, tecnológica— y ponerla al servicio de un proyecto colectivo de vida es la tarea política central de nuestra época. No hay transición posible sin justicia. El tiempo presente exige voluntad política capaz de redistribuir poder, recursos y condiciones dignas de existencia.