Enseñar a pescar sin caña y en el desierto

El Salario Social Complementario partía de una premisa fundamental: el trabajo como ordenador social. La vida humana —individual, familiar y social— se ordena en torno al trabajo como actividad central para el sustento material. A diferencia de otros derechos, la condición para percibir el SSC era ser trabajador o trabajadora.

Ser trabajador es diferente a ser empleado. Un empleado es una persona contratada que percibe una remuneración mensual con aportes, cobertura de salud, vacaciones, licencias y jubilación. Es un trabajador con todos los derechos que establece la Ley. Pero existe otro universo de trabajadores: aquellos que se desempeñan sin reglas claras ni amparo legal.

Un porcentaje son los contratados verbalmente sin ningún derecho garantizado, el viejo y conocido ‘trabajo en negro’, y dentro de ese universo hay un sector específico: hombres y mujeres que se levantan todos los días a buscar el sustento en la producción textil, el reciclado, la construcción, mantenimiento y urbanización de barrios populares, la asistencia alimentaria, educativa, cultural y deportiva de millones de excluidos, la venta ambulante, la agricultura familiar, entre otros.

El SSC era una política para garantizar derechos a este último sector, el de la economía popular. Como reconocen las propias comunicaciones oficiales de Capital Humano, el universo de beneficiarios estaba compuesto por personas que efectivamente trabajan. El problema es que lo hacen en condiciones de subsistencia que ni siquiera alcanzan para garantizar cuatro comidas diarias.

Qué implica realmente el programa

Para recibir los 78 mil pesos —que antes de la gestión actual equivalían a la mitad de un Salario Mínimo Vital y Móvil, pero una resolución ministerial eliminó esa paridad—, el trabajador debía cumplir una contraprestación laboral de cuatro horas diarias, cinco días a la semana, en alguna unidad productiva de la economía popular.

Según el comunicado de Capital Humano, estos trabajadores y los espacios de recuperación de adicciones, comedores comunitarios, lugares de cuidado infantil, cooperativas de reintegración para personas que tuvieron conflicto con la ley, que formaban parte de este programa de trabajo, a partir de abril, dejarán de percibir un ingreso por la labor que realizan.

La estrategia: congelar para destruir

El gobierno congeló el ingreso a valores de diciembre de 2024, destruyendo el poder adquisitivo de estos trabajadores. Ese congelamiento es ahora el principal argumento para eliminar el derecho.

Funcionarios de Capital Humano sostienen ante la prensa que «78 mil pesos no funcionaba como un ingreso suficiente para vivir» y que «en la práctica, la mayoría de los beneficiarios ya tiene alguna actividad laboral». Es decir: reconocen que el monto está desactualizado y que los beneficiarios trabajan, pero utilizan ambos datos como argumento para empeorar aún más sus condiciones.

Lo que se pierde

La Emergencia Social y el Salario Social Complementario aseguraron ingresos, herramientas y capacitaciones que fueron una salida laboral para quienes cumplieron una condena y no querían delinquir nunca más, como también para cientos de miles que preferían rebuscarse antes que caer en el mundo criminal.

Puede sonar exagerado, pero a veces la vida no deja muchas elecciones. Y a pesar de eso, hay millones que son llamados “vagos”, “marrones”, “negros de mierda”, o acusados de “embarazarse para cobrar planes”, cuando en la realidad salen a trabajar todos los días de lo que pueden sin joderle la vida a nadie. Las policías de todos los frentes los hostigan, criminalizan y golpean. Y aún así, siguen intentando ganarse la vida dignamente.

El rumbo de la gestión actual

La ministra Sandra Pettovello, que ha manifestado considerar la Justicia Social una aberración, ha destruido sistemáticamente estas políticas. Primero congeló el ingreso sin siquiera relevar qué hacían estos trabajadores, a qué se dedicaban, qué conocimientos poseían. Luego les quitó la mitad del ingreso y los alimentos a todas las trabajadoras de espacios donde se alimenta a cientos o miles de personas por día, así como aquellas que trabajaban en ámbitos deportivos, culturales o educativos en barrios populares de todo el país.

Ahora anuncian la eliminación del «Volver al Trabajo» como una victoria, un motivo para celebrar. Lo presentan como una nueva conversión: el dinero se destinará a empresas privadas o públicas para que “capaciten a estos trabajadores”.

El nuevo esquema: un voucher para corporaciones

El mecanismo es compulsivo. Los 78 mil pesos que antes iban a un trabajador por sus tareas en alguna unidad productiva o social de la economía popular, ahora irán a empresas como Arcos Dorados o Sinteplast.

Arcos Dorados es el nombre que tiene Mc Donald ‘s en la región. La capacitación que ofrecerá es básicamente para atención al público en alguno de sus locales, sin asegurar contratación posterior por parte de ninguna franquicia.

Sinteplast fabrica y comercializa pinturas y materiales de construcción. El Estado nacional le pagará para dar una formación de menos de un mes sobre cómo pintar techos y paredes.

También hay cursos de Metrogas: dos semanas para un «invierno seguro», pero sin capacitación completa como gasista y mucho menos matrícula habilitante.

El dato central: una transferencia de recursos

Lo que describe el nuevo esquema no es un ajuste del gasto, porque la plata se va a seguir usando. Es una reasignación de fondos con un claro sentido político: el dinero que antes percibía un trabajador precarizado y que se gastaba en almacenes, farmacias y transporte de su barrio —circulando en la economía popular— pasa ahora a engrosar las arcas de grandes corporaciones.

Es una transferencia de recursos desde los sectores más vulnerables hacia empresas concentradas, utilizando al Estado como intermediario.

La geografía del desierto

A pesar de que los beneficiarios del programa se distribuyen en todas las provincias del país, los cursos anunciados hasta el momento se concentran en Capital Federal. No se explica cómo un vecino de una villa de Luján o una vecina de un barrio popular riojano conseguirán los fondos y el tiempo para trasladarse diariamente a un curso en el barrio porteño de Agronomía.

La comunicación oficial afirma que ya definieron la fecha del último cobro, pero todavía no tienen cerrada la oferta de cursos para alrededor de 80 personas sobre un universo de 900 mil.

La decisión tendrá consecuencias concretas en las economías regionales, ya golpeadas por la recesión. En Chaco, por ejemplo, 3.329.274.000 pesos que ingresaban todos los meses a la economía provincial para comprar garrafas, pagar luz, adquirir alimentos y cubrir gastos cotidianos desaparecen de un día para el otro. En Jujuy, son 3.303.300.000 pesos mensuales los que dejarán de circular, unos 39.639.600.000 pesos anuales. Gobernadores aliados y opositores deberán enfrentar las consecuencias de esta decisión en sus territorios.

El símbolo de la farsa

Si uno quiere entender en profundidad esta política, basta con detenerse en la imagen que propone. El trabajador que reciclaba cartón, que mantenía un comedor comunitario, que construía veredas en su barrio con una cooperativa, ese trabajador al que llamaban «planero» mientras se rompía el lomo todos los días, ahora tendrá que hacer un curso para aprender a sonreír detrás de un mostrador y difícilmente obtenga ese empleo en el contexto actual.

El Estado le pagará a una multinacional para que le enseñe a sonreír. Le sacaron la moneda para el colectivo, le sacaron el plato de comida, le sacaron el reconocimiento de que lo que hacía era trabajo, y a cambio le ofrecen un curso de atención al cliente en McDonald ‘s.

El sueño de la «autonomía» y el «emprendedurismo» que pregona el relato oficial termina en una caja registradora, con una gorra plástica y un manual para decir “¿qué desea hoy?» con entusiasmo. Esa es la libertad que prometen aunque saben que están mintiendo porque no hay ninguna seguridad ni obligación para que las empresas contraten a esos trabajadores.

Lo que queda

El Salario Social Complementario era un derecho de los trabajadores de la economía popular. Su eliminación constituye un paso más en la destrucción de los derechos laborales en Argentina. Y aunque el gobierno intenta presentarlo como una modernización o una conversión virtuosa, no será algo que puedan borrar así nomás de la vida de quienes viven de su propio trabajo.

Lo que está ocurriendo debería servir para pensar en serio el mundo de los trabajadores: el de los formales, el de los estafados por empleadores que no registran, el de la economía popular, el de las aplicaciones. Construir un piso de acuerdos que permita defenderse frente al desenfreno extractivista y destructor que presenta el «mercado» como única alternativa.

Porque cuando se enseña a pescar en el desierto, no se está formando trabajadores autónomos. Se está organizando la desaparición de quienes ya no tienen lugar. Y cuando se reemplaza el reconocimiento del trabajo por un curso de sonrisas en el mostrador, se está diciendo todo lo que hay que saber sobre este proyecto: no hay lugar para los que se rebuscan y viven de su trabajo, solo maquillaje y pose frente a la destrucción de nuestra sociedad.