Siguen dilatando las medidas contra los imputados en $Libra

Pasó más de una semana del día en el que comenzaron a trascender una serie de revelaciones que dejan complicado al presidente Javier Milei y su entorno debido a su participación en el caso $Libra, pero sin novedades judiciales. Si bien los querellantes creen que hay elementos de sobra para que se llame a indagatoria al trader Mauricio Novelli, entre otros partícipes de la aparente estafa, al cierre de esta edición el fiscal Eduardo Taiano no había avanzado en citaciones a imputados, testigos o nuevos allanamientos.

El viernes pasado los querellantes y defensores accedieron a más de 40 gigabytes de información extraída de los dispositivos del criptobro Mauricio Novelli, socio del presidente en $Libra, y del exagente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sergio Morales.

Uno de los primeros elementos que surgieron de allí, y que publicó Tiempo ese mismo viernes, fue el listado con los frenéticos llamados que tuvo Novelli con Milei, su hermana Karina, el asesor Santiago Caputo y el entonces asesor Demián Reidel aquel 14 de febrero, cuando el presidente publicó el tuit con el contrato para comprar $Libra que dio inicio al escándalo.

A esa información, que permitió ver cómo se intensificaron las comunicaciones cuando el valor del token se desplomó, se le sumó un documento que reveló el portal El Destape y que daría cuenta de un pacto de 5 millones de dólares a cambio de la participación presidencial en el token. También una serie de datos que permiten dimensionar el nivel de acceso que tenía Novelli al ámbito presidencial y cómo sus ideas de negocio orbitaban en torno al Poder Ejecutivo.

Durante la semana, los querellantes dijeron en reiteradas oportunidades que en ese análisis hay elementos de sobra para que la causa avance. “¿Van a seguir sin llamarlos a indagatoria?”, se preguntaron los abogados que trabajan en la querella liderada por el diputado nacional Juan Grabois.

La inquietud respecto de las citaciones junto con otras posibles medidas que podrían tomarse a partir del estudio fue trasladada por este diario a fuentes judiciales, que se limitaron a señalar que habrá medidas pero más adelante, sin mayores precisiones.

Si bien hay presión para que el propio Milei sea llamado a indagatoria, suena poco probable que eso ocurra al menos en una primera instancia. Lo más probable es que Novelli y Morales estén entre los primeros en ser convocados. Lo mismo con el trader Manuel Terrones Godoy, coorganizador del evento Tech Forum sobre el que hay sospechas de pagos millonarios de parte de empresarios a cambio de reuniones con el mandatario.

En rigor, las querellas todavía no formularon requerimientos porque siguen con el análisis de la información arrojada por la pericia.

Si bien el fiscal Taiano todavía no avanzó en llamados a indagatorias, lo que sí hizo fue publicar un comunicado en el sitio Fiscales para rechazar las acusaciones que indican que ocultó durante un tiempo el resultado del estudio realizado sobre el celular de Novelli y de Morales. Ese comunicado fue en un tono institucional, bastante distinto a otro que salió desde la Fiscalía, en el cual el funcionario denunció una “operación política de desgaste”.

“Si yo secuestro los teléfonos y si yo ordené el análisis de los dispositivos electrónicos, cómo se puede pensar que yo oculté pruebas? (…) Todo lo que se ha dicho no tiene sentido y responde a una operación política de desgaste. (…) Se priorizó la noticia por sobre la investigación y se han publicado documentos que sólo deberían estar resguardados en el marco de esta causa”, dice el documento.

La causa tuvo como hecho de inicio el tuit que publicó Milei el 14 de febrero del 2025 a las 19:01, con el contrato para comprar $Libra. Con ese impulso presidencial, la cotización del activo escaló a valores cercanos a U$S 5 dólares, pero a los pocos minutos su valor cayó a centavos, dejando un tendal de damnificados.

Una de las conclusiones de la reciente pericia es que Novelli, dueño de la academia NW donde el presidente dio clases al menos desde 2020, tuvo un rol central en el episodio, porque fue básicamente el imputado que mantuvo contacto directo con la cúpula de poder en la Casa Rosada.

Además de las indagatorias pendientes, el juez de la causa, Marcelo Martínez de Giorgi, tiene pendiente redefinir los montos de embargo a los imputados, algo que toma relevancia a partir de las recientes revelaciones.

A mediados de enero, la Cámara Federal porteña validó la decisión que el magistrado había tomado a fines de noviembre del 2025 de rebajar la restricción a los bienes de los imputados desde la prohibición de innovar (NdR: que impide la libre disposición de bienes) a un embargo limitado a $ 36,8 millones para la mayoría de los imputados. Como ese monto fue considerado insuficiente, una de las querellas apeló.

Al resolver, los camaristas validaron el cambio de medida, pero le pidieron que antes de que se levante la prohibición de innovar fije un “prudente aval patrimonial” conforme a la realidad de la investigación. Ese es otro punto pendiente en una causa de alta sensibilidad para la Casa Rosada.