la Justicia cerró la puerta a dos denunciantes que aseguraron haber invertido tras el tuit de Milei

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó el pedido de dos ciudadanos bielorrusos de convertirse en querellantes de la causa $Libra. Se trata de Lapchenko Vladislav Andreevich y Krasutskaya Sviatlana Vitalievna, quienes manifestaron haber tenido pérdidas de casi 2 millones de dólares tras invertir en el token a partir, en el caso de uno de ellos, de la confianza que le transmitió el tuit promocional del presidente Javier Milei.

El intento de ambos ciudadanos por convertirse en particulares damnificados e impulsar la causa desde dentro del expediente había sido formalizado semanas atrás por medio de un escrito patrocinado por el abogado Nicolás Ozsust. Se trata del mismo que representa a Martín Romeo, otro especialista cripto que si es querellante en la causa.

Lapchenko Vladislav Andreevich esgrimió haber perdido poco más de 240 mil dólares tras comprar desde una billetera llamada Phantom. En el pedido para convertirse en querellante le expresó al juez que había comprado $Libra “confiando en la palabra de una figura pública de máxima autoridad”, en relación al presidente. Vale recordar que el 14 de febrero del año pasado, hace un año y cinco días, Milei publicó en su cuenta de X el contrato para acceder al token, lo que hizo que el valor de ese activo escalara desde centavos de dólar hasta casi u$s 5, para luego desplomarse.

En ese interín, especialistas concluyeron que hubo una maniobra conocida como rug pull, mediante la que un puñado de grandes inversores posiblemente tenedores de información privilegiada se retiraron con ganancias exorbitantes y quedó un tendal de inversores a pérdida. Cuando eso pasó, Milei borró la publicación.

Krasutskaya Sviatlana Vitalievna alegó ser otra de las damnificadas por la maniobra en torno al token promocionado por el presidente. En su caso dijo haber perdido 1,7 millones de dólares tras comprar las $Libra que vendió una vez que se desplomó el valor.

“Se advierte que en las presentes actuaciones no se encuentran reunidos los extremos necesarios para tener por acreditada la legitimación de los pretextos querellantes en el rol pretendido”, respondió Martínez de Giorgi. Para llegar a esa conclusión citó un informe remitido por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) del cual surgió que no se encontró ningún dato de los pretensos querellantes en las bases de datos de contribuyentes y del registro de migraciones. Eso, para el magistrado, impide corroborar la identificación y capacidad económico financiera de ambos peticionantes.

A su vez, el magistrado argumentó que de la información proporcionada en las presentaciones de los dos supuestos damnificados no resultó suficiente como para acreditar la titularidad de los fondos presuntamente involucrados. También sostuvo que el hecho de haber operado a través de la Wallet Phantom dificulta el análisis puesto que las operaciones realizadas por esa vía no quedan asociadas a un esquema que permita luego vincularlas con un sujeto o persona determinada ni con información verificable sobre el origen de los fondos.

“Aún cuando en ambas presentaciones se alegó que sufrieron un perjuicio económico y fueron víctimas de la maniobra aquí investigada, lo cierto es que el detalle de las transacciones aportado y la información de las billeteras utilizadas a tal fin, no permiten por sí solas ubicarlos como particulares damnificados ya que dichas direcciones no contienen información que permitan asociarlos a una persona física o jurídica determinada, ni se encuentran registradas ‘a nombre de’ un titular identificable”, respondió el juez.

De ese modo, por el momento la causa queda restringida a los querellantes que están incorporados hasta el momento, representados tanto por Ozsust como, en el otro de los casos, por los abogados Juan Grabois, Nicolás Rechanik y Yamil Castro Bianchi. Ellos son quienes, al igual que la Fiscalía a cargo de Eduardo Taiano, tienen acceso a la causa, pueden impulsar líneas de acción e incorporar pruebas al expediente.

La historia de los querellantes

La causa $Libra tiene como principal imputado al presidente Javier Milei, pero también están bajo investigación su hermana, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei; los traders Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy; el desarrollador del token Hayden Davis; un ex asesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV) llamado Sergio Morales; el empresario singapurense Peh Chyi Haur, también conocido como Julian Peh; y Alicia Raffaele y María Pía Novelli, madre y hermana de Novelli, respectivamente.

A todos ellos se los investiga por una serie de delitos que van desde estafa, abuso de autoridad y tráfico de influencias hasta negociaciones incompatibles con la función pública.

En la causa hay una serie de antecedentes a tener en cuenta si se trata de los querellantes.

Vale recordar que cuando arrancó la investigación la jueza María Servini -que intervino en un principio- se había negado a incorporar a los actuales querellantes. Fue un fallo de la Cámara Federal de marzo pasado el que posibilitó el ingreso formal al expediente de Juan Marchetto, Matías Paris y Alan Vega.

Después, hubo un intento por sacarlos de la causa. Lo encabezó la defensa de Novelli y Terrones Godoy, a cargo del abogado Daniel Rubinobich, que presentó una serie de recursos incluso hasta en la Corte Suprema. Pero no tuvo suerte: la cuestión quedó zanjada a principios de diciembre pasado cuando los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el pedido de la defensa.