En una nota dirigida a la presidenta del Senado de la Naci\u00f3n, Victoria Villarruel, un grupo de magistradas y magistrados de la Argentina manifest\u00f3 su rotundo rechazo al proyecto de ley por el cual el Poder Ejecutivo pretende modificar el R\u00e9gimen Penal Juvenil y bajar la edad de punibilidad de 16 a 14 a\u00f1os, el cual ya cuenta con media sanci\u00f3n de la C\u00e1mara de Diputados.<\/p>\n
\u201cEstamos asistiendo a un proceso claramente regresivo, represivo y punitivista respecto de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes en conflicto con la ley penal. Esta orientaci\u00f3n desconoce los est\u00e1ndares internacionales en materia de derechos humanos y supone un grave retroceso en la protecci\u00f3n integral de las infancias\u201d, alert\u00f3 el Cap\u00edtulo Argentina del Comit\u00e9 Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU), espacio que re\u00fane a integrantes de los poderes judiciales de toda Am\u00e9rica que siguen el ideario del Papa Francisco y trabajan en pos de la justicia social<\/p>\n
Con la firma de su coordinador, el Dr. C\u00e9sar Ra\u00fal Jim\u00e9nez, COPAJU Argentina se\u00f1al\u00f3 que \u201cla edad m\u00ednima de responsabilidad penal ha sido objeto de un amplio consenso en el derecho internacional\u201d y que, en particular, \u201cel Comit\u00e9 de los Derechos del Ni\u00f1o de las Naciones Unidas ha se\u00f1alado de manera expresa la necesidad de no reducir dicha edad bajo ninguna circunstancia\u201d.<\/p>\n
COPAJU record\u00f3 que en el pa\u00eds la edad m\u00ednima de 16 a\u00f1os fue establecida en 1954 por la Ley 14.394, \u201ccomo parte de una concepci\u00f3n protectoria de la infancia\u201d; y precis\u00f3 que, en su Observaci\u00f3n General N\u00ba 24, emitida el 18 de diciembre de 2019, el Comit\u00e9 de los Derechos del Ni\u00f1o destac\u00f3 a aquellos Estados que poseen una edad m\u00ednima de responsabilidad penal juvenil relativamente alta, por ejemplo, 15 o 16 a\u00f1os, e inst\u00f3 a no bajarla en ning\u00fan caso.<\/p>\n
Las magistradas y magistrados plantearon que \u201cla poblaci\u00f3n juvenil \u2013y en particular aquella que se encuentra en situaci\u00f3n de mayor vulnerabilidad\u2013 crece atravesada por expectativas de superaci\u00f3n, aun cuando cargue con frustraciones y claudicaciones que no le son propias, sino que han sido generadas por el mundo adulto\u201d. Y subrayaron que estas \u201ccarencias materiales, la exclusi\u00f3n social y la ausencia de horizontes vitales posibles empujan a muchos ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes a transitar recorridos marcados por la violencia, all\u00ed donde el Estado ha estado hist\u00f3ricamente ausente\u201d.<\/p>\n
Desde esa perspectiva, en la nota enviada a Villarruel por el Dr. Jim\u00e9nez, \u00e9l y sus colegas sostuvieron que \u201cla justicia juvenil no puede reducirse a una respuesta penal\u201d, ya que se trata de \u201cun campo complejo que involucra m\u00faltiples dimensiones, entre ellas la prevenci\u00f3n del delito\u201d; y aseguraron que \u201cuna sociedad que no invierte en prevenci\u00f3n termina interviniendo exclusivamente a trav\u00e9s de la represi\u00f3n\u201d.<\/p>\n
![\"Juristas](\"https:\/\/www.tiempoar.com.ar\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/58eaf843e44657d6be6e26cbd05ba3ae_BIG.jpg\" "\\"Juristas")
<\/figure>\n<\/div>\nEn este punto, indicaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos \u201cha establecido que, cuando la situaci\u00f3n de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes en contextos de calle los coloca en riesgo de cometer il\u00edcitos o los involucra efectivamente en ellos, el Estado debe extremar las medidas de protecci\u00f3n, realizando esfuerzos reforzados para garantizar su reintegraci\u00f3n a la comunidad, permiti\u00e9ndoles desempe\u00f1ar un papel constructivo y productivo en la sociedad\u201d.<\/p>\n
Por el contrario, consideraron que \u201cel an\u00e1lisis del proyecto de ley con media sanci\u00f3n evidencia un profundo desconocimiento de la Convenci\u00f3n sobre los Derechos del Ni\u00f1o, que posee jerarqu\u00eda constitucional, as\u00ed como serias contradicciones con los est\u00e1ndares internacionales vigentes\u201d.<\/p>\n
Como en otras oportunidades, remarcaron \u201cla necesidad de un nuevo R\u00e9gimen Penal Juvenil que reemplace al Decreto-Ley 22.278, heredado de la \u00faltima dictadura c\u00edvico-militar, pero que lo haga en plena consonancia con la Convenci\u00f3n y los tratados internacionales de derechos humanos\u201d.<\/p>\n
Por todos estos argumentos, y siguiendo la ense\u00f1anza humanista del Papa Fransico, quien en su momento se\u00f1al\u00f3 que \u201cel enfoque debe centrarse en la educaci\u00f3n y la reinserci\u00f3n, advirtiendo que bajar la edad no reduce el delito y castiga la vulnerabilidad\u201d, COPAJU Argentina se manifest\u00f3 en contra del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional, \u201cpor constituir un retroceso en materia de derechos y una respuesta meramente punitiva frente a problemas estructurales\u201d.<\/p>\n<\/p><\/div>\n