un presidente tan frágil como sus antecesores que no cesa las políticas represivas

El nuevo presidente de Perú, José Jerí, impuesto por amplia mayoría del congreso tras la destitución de Dina Boluarte, enfrenta una situación delictiva en su país y un clima social enrarecido que el mandatario demuestra que enfrentará con más represión, motivos entre otros que dispararon la salida de su antecesora. La fragilidad de este presidente de 38 años, no sólo está marcada por una insistencia en sostener políticas represivas que solo provocan mayores revueltas populares, muy lejos de su consigna de “reconciliación nacional” con la cual denominó su gestión interina, sino que los vaivenes de la última semana en cuanto a la elección de su primer ministro, figura clave en el gabinete peruano, dan cuenta de que no será ajeno a la inestabilidad política que domina al país los últimos tiempos.

Jerí es el octavo presidente peruano en menos de una década. La razón de tales recambios permanentes puede ser variada, pero el fundamento es siempre el mismo y está en la propia Constitución, que habilita al Congreso a censurar al presidente por variadas causas y a la vez al presidente a disolver el cuerpo legislativo provocando un cisma institucional. Así, la salida de Boluarte no es distinta a la de Pedro Castillo o a la de Martín Vizcarra, entre tantos otros.

En líneas generales, Perú presenta una relativa estabilidad económica, con una macro basada centralmente en la exportación de materias primas, con baja inflación, precio del dólar sostenido y bajo endeudamiento; en un contexto de pobreza y disparidad social, alta informalidad laboral, servicios privatizados y poca intermediación estatal. El país que el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, anhela como modelo, según sus propias palabras, es sin embargo un hervidero en términos políticos. La fragmentación partidaria en la que viene desarrollándose la política en Perú en las últimas décadas, es parte del problema. Ante la ausencia de partidos hegemónicos con capacidad de obtener mayorías potentes en la Asamblea, las decisiones del Ejecutivo se ven sometidas a un juego imprevisto de alianzas donde suelen imponerse las expresiones de la derecha, en asociación con las de extrema derecha. En ese marco, los gobiernos de diluyen y los poderes permanecen.

“Creo que no hay en el mundo algo semejante a la constitución que Fujimori le dio al Perú, con una mezcla de presidencialismo y parlamentarismo, en forma de ‘puchero criollo’ institucional”, expresaba tiempo atrás el exministro de la Corte Raúl Eugenio Zaffaroni. Junto a Guido Croxatto, representó legalmente a Castillo, aún detenido con el cargo de “rebelión”, tras haber anunciado la disolución del Congreso en diciembre de 2022. Esta Constitución, indicaba con precisión Zaffaroni en un artículo en La Tecla Eñe, «hace que el presidente no pueda nombrar libremente a sus ministros, que sólo si le rechazan dos gabinetes seguidos pueda disolver el Congreso, pero que el Congreso pueda destituirlo. Nadie, del color político que sea, pudo ni podrá gobernar el Perú con esa constitución; prueba de esto es la alucinante sucesión cinematográfica de presidentes de los últimos años, uno de los cuales sólo duró dos días”.

El gobierno trunco de Castillo reflejó este fenómeno en toda su dimensión. El maestro fue ganador en la primera vuelta electoral con escasos 19 puntos, que se convirtieron en algo más de 50% en el balotaje superando a Keiko Fujimori por unas pocas décimas. El bajo caudal inicial le otorgó sólo 37 diputados, en un cuerpo de 130. La imposibilidad de formar gobierno se advirtió desde los primeros días, al margen de la indefinición agónica de la autoridad electoral que demoró más de un mes en proclamarlo triunfador. Castillo enfrentó la permanente censura a sus ministros propuestos y varias mociones de «vacancia». Por ello es que su plataforma de campaña incluía, en alianza con el partido de izquierda Perú Libre, la convocatoria a una constituyente que modifique la Carta Magna. Un proyecto que no tiene ninguna posibilidad en estos tiempos.

Jerí, que llegó al Congreso para reemplazar a Vizcarra y terminó como presidente del cuerpo, primero en la línea de sucesión, estuvo sus primeros días de gobierno sin primer ministro, porque no conseguía los votos necesarios. El proceso para nombrar a Ernesto Álvarez, quien actualmente ocupa el cargo, llevó casi dos semanas. En medio recibió una moción de censura por la muerte de un manifestante en la represión policial contra una protesta en Lima la semana pasada. Frente a ese estado de ebullición, el presidente profundizó: decretó por 30 días el estado de emergencia en la capital del país, y en su área metropolitana, así como en la vecina ciudad de Callao. La inestabilidad social no es un buen augurio para su permanencia.